Santo Domingo Oeste.- El Ministerio Público solicitó este jueves que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones y que se declare el proceso de tramitación compleja.
El fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra de Los arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
El MP explica que estos resultados anormales de gestión eran alteraciones en los sistemas con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos que no poseían respaldo. Con estas maniobras ocultaban el fraude financiero y daban una apariencia de solidez, y de esta forma continuaban captando capitales y hacían crecer la cartera de socios de la sociedad.
Asegura el Ministerio Público (MP) que durante la administración general del imputado Jorge Eligio Méndez, fue creada una estructura delincuencial, donde se adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos alta gama, yates, entre otros, utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía.
Según el MP, el presidente de la cooperativa nombrabas personas de confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio de Ana Cecilia Tejada Santos,; Julio César Minaya Mejía, a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, sin tener preparación necesaria para este puesto
Con estas personas respondiéndole directamente, se aseguraba de manejar los recursos de la cooperativa de manera discrecional y poder realizar los informes de estados financieros de acuerdo con los intereses del entramado criminal.
En la solicitud de medida de coerción, el órgano acusador señala que utilizando documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que dicho dinero era sustraído de los fondos de los ahorrantes.
Adquirían bienes suntuosos con el dinero de los ahorrantes
Asimismo, detalla que se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, “pero la realidad es que nunca se pagaba las cuotas de estos créditos”. “Creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal, y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico)”, los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Se adquirían bienes suntuosos (villas, vehículos alta gama, yates, etc.) utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
“Los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal”.
Agrega el documento que en los últimos días del mes de diciembre de cada año, “eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red, por sumas millonarias y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa” sin embargo, en los primeros días de enero “eran devuelto por falta de fondo” Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre de año.
Adquirieron programas de radio y agencias de viajes
De igual forma supuestamente se “falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez”. “Se alteraban los estados financieros y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones”, y asegurarse de que se continuaran las operaciones.
Según las investigaciones de las autoridades, con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes, negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
Alegadamente alteraban los sistemas con la incorporación de datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda de esta.
Se creaban certificados financieros falsos a nombre de los mismos miembros de la red, quienes tomaban préstamos a la cooperativa y lo pagaban con intereses generados de los certificados sin respaldo.
De igual forma, se aseguró de dejar a su familia en la presidencia del Consejo de Administración, por intermedio de Kenia Del Carmen Liriano Perez, quien ocupó el puesto desde el año 2017, y de esta forma podría seguir desempeñando ambas funciones.
Coop-Herrera era una burbuja financiera
Según los estados financieros los activos registraron un aumento significativo del 91.6%. Este incremento se acentuó aún más en el año 2020, alcanzando un impresionante 110.2%. Esta tendencia continuó en los años siguientes, con un incremento del 35.6% en 2021 y un 32.9% en 2022. Estos porcentajes de crecimiento llaman la atención por su magnitud y sugieren un cambio sustancial en la dinámica financiera de Coop Herrera en comparación con años anteriores.
A pesar de presentarse ese aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no fue sostenible, y a inicios del año 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos con que satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas, dándole las excusas de que no había sistema.
Fue en el año 2018, según la solicitud de medida que se forma una asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligió Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, en ese mismo año son aprobados en Coop Herrera, préstamos por más de cincuenta millones.
En esta etapa de la investigación se han podido identificar un total de 119 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal.
La Oficina de Atención Permanente de SDO fijo el conocimiento de la solicitud de medida de Coerción para este sábado.
